¿Tiene remedio la Asamblea Legislativa?

Nos acercamos al 1 de mayo y con él, a una nueva elección del directorio de la Asamblea Legislativa, cuyos resultados, sean cuales sean, harán poco por aliviar el descontento ciudadano con esa Asamblea y más bien, dependiendo de cómo vayan las cosas, podría empeorarlo.  Tan desprestigiada está la Asamblea, que nada más fácil que hacer chiste a costa de ella y de sus integrantes.

Sin embargo, el desencanto ciudadano con sus representantes no es cosa de chiste, particularmente si tiende a convertirse en desencanto con los mecanismos de representación política.  Cuando esto sucede, la democracia misma se ve amenazada, y es fácil caer en las tentaciones del “hombre fuerte que ponga orden” o de la “democracia de las calles”, expresiones,  que no son sino formas distintas de abogar por formas de gobierno autoritarias.

Parece importante entonces preguntarnos si tiene remedio esta maltrecha Asamblea Legislativa nuestra y si habrá forma de que recupere, poco a poco, su legitimidad y prestigio ante los ciudadanos.   Mi impresión es que sí, que la Asamblea y los partidos políticos podrían lavarse la cara, si estuvieran interesados en hacerlo, o si los ciudadanos les exigiéramos hacerlo.

Propongo, para incitar a la conversación, tres grupos de acciones.

Los diputados que integran la Asamblea actual, podrían:

•        Dotarse a sí mismos de un reglamento que permita que todas las voces se escuchen en el debate, pero que los proyectos se voten en plazos razonables, sin que ningún diputado pueda postergar indefinidamente esa votacion

•         Asumir la responsabilidad por sus propios votos y comprometerse a dar cuenta de ellos a los ciudadanos, para lo cual el primer paso sería eliminar el voto secreto, sin ninguna excepción.

•         Cerrar, mientras ocupen sus curules, las oficinas privadas que muchos de ellos mantienen abiertas y que son una invitación evidente al conflicto de interés y a los métodos indebidos de persuasión.

Por otra parte, los partidos políticos podrían elevar el nivel de los representantes que envían a la Asamblea Legislativa, ofreciendo capacitación a los posibles aspirantes y exigiendo la demostración de un conocimiento razonablemente profundo de la Constitución Política y de la normativa que rige al sector público antes de poder aspirar a un cargo de elección popular.   

El vergonzoso espectáculo de diputados que no conocen ni el reglamento legislativo, ni las funciones de la Contraloría o la Procuraduría, la Ley General de Administración Pública ni el resto de la normativa que rige el sector público, y que ignoran por completo la estructura del presupuesto público, el ciclo de elaboración y ejecución de ese presupuesto, y las normas de contratación administrativa, es algo que los partidos políticos podrían evitar, si se lo propusieran.  Hasta donde se, el PAC es el único partido que ha intentado hacer algo en este tema, y aunque los cursos de capacitación que ofreció a los aspirantes a puestos de elección popular fueron ridiculizados, creo por el contrario que son un ejemplo que debe emularse, con niveles de exigencia mucho más altos.

Finalmente, existe la posibilidad de modificar el régimen de elección de diputados y sustituir las listas provinciales por distritos electores con UN representante, con lo cual cada ciudadano sabría exactamente por quién votó, quién lo representa, y a quién pedirle cuentas.  Ante la preocupación de que un sistema como este pudiera dejar sin representación a partidos que, sin ser mayoritarios en ningún distrito, representan a un porcentaje significativo de los electores, existe la posibilidad de combinar el sistema de distritos electorales de un representante con listas de diputados nacionales, que se eligen en forma proporcional a los votos recibidos.

El primer grupo de reformas sugerido es de implementación trivialmente fácil y no es alguna oculta dificultad, sino la decisión de los diputados, quien se pone en su camino.  El segundo grupo de reformas es algo más difícil, pero el camino que tímidamente marcó el PAC en este terreno podría ensancharse.  El tercer grupo de reformas es mucho más ambicioso, pues implica una reforma constitucional profunda, que tendría que ser aprobada por diputados que han alcanzado sus puestos con las reglas actuales y cuya suerte sería por lo menos dudosa si esas reglas cambiaran.

Sin embargo, estoy harto de la idea de que nada grande se puede intentar en Costa Rica.  Cosas grandes no solo se han intentado sino que se han logrado, una y otra vez, a lo largo de nuestra historia.  ¿Habrá alguien, en la próxima camada de candidatos presidenciales, que logre levantar la vista del suelo y que sea capaz de poner la vista en horizontes más ambiciosos?