viernes, 1 de marzo de 2013

El shock del retorno: los pobres frente al laberinto burocrático.

Valerie Lankaster
1 de marzo 2013


Hace poco más de dos meses volví al país después de cuatro años estudiando en el extranjero.  Mientras estuve afuera, escuché con frecuencia historias trágicas sobre nuestras instituciones, pero en el fondo y de manera bastante ingenua, pensaba que había un sesgo proveniente del “quéjese aquí” o que estaban exagerando porque la situación no podía estar tan mal. Me equivocaba.  Tristemente, la realidad es mucho peor de lo que pude haber imaginado.

Junto con muchos otros voluntarios, trabajo en La Carpio en lo que empezó como un proyecto de integración social mediante el arte, el SIFAIS, y ahora empieza a extenderse a otras iniciativas, incluyendo el desarrollo de proyectos productivos en esa comunidad.  Así, con la idea de informarme sobre los requisitos para el financiamiento de un proyecto de desarrollo productivo en una comunidad marginal, asistí a un seminario impartido por el IMAS, una institución cuya misión dice:

“Promover condiciones de vida digna y el desarrollo social de las personas, de las familias y de las comunidades en situación de pobreza o riesgo y vulnerabilidad social, con énfasis en pobreza extrema; proporcionándoles oportunidades, servicios y recursos… con transparencia, espíritu de servicio y solidaridad”.

Para cualquier ciudadano es evidente la importancia en el desarrollo del país de una institución con tal Misión.  El último informe del Estado de la Nación muestra cómo se han incrementado tanto la desigualdad de ingresos como el número de personas que viven en pobreza: para el 2011, fueron un total de 287,367 hogares en pobreza y 85,557 en pobreza extrema.[1]

Como parte de una solución del estado, en nuestro país hay 22 instituciones con 44[2] programas de integración social, que representan una inversión de ¢ 492,000 millones (2.2% del PIB). En términos del total de inversión en programas sociales selectivos, el IMAS es la segunda[3], después de la CCSS.

La charla estaba agendada para ser de nueve de la mañana al mediodía.  Los presentes eran representantes de iniciativas comunales con fines productivos de lugares como La Carpio, Acosta y El Guarco. Algunos tienen tres años de estar en trámites por lo que tienen una relación “cercana” con los empleados de la institución, otros tenían dos años, algunos meses otros, como yo, un día. Para asistir a dicha reunión la iniciativa presentada ya había pasado fuertes filtros según nos comentaron.

Pasaditas las nueve comunican que podemos pasar a otro salón porque hay un cafecito preparado para todos, lo que con aprecio es recibido pero atrasa el inicio de la charla en una media hora. Para cuando vamos a empezar, me doy cuenta de que hay siete personas encargadas del seminario y que la presentación es de más de sesenta filminas.

Interesada por el tema y además por ver las dimensiones del seminario en términos de expositores y de la longitud del tiempo que duraría la presentación, me dispuse con toda atención a recibir la información sobre el proceso necesario para obtener el financiamiento.

Ya hace una semana que participé de esta charla y todavía estoy sorprendida del tipo de presentación. ¿Cómo es posible que se necesite de las siete personas a cargo de cada sección del proceso para leer, literalmente leer, los requisitos expuestos en al menos sesenta y tres filminas? ¡Sesenta filminas de requisitos para obtener financiamiento, en un seminario orientado a personas en condición de pobreza o pobreza extrema!  El Gerente Financiero de una empresa formal se habría sentido abrumado.  ¿Cómo se sentirían estas personas, y cuál sería su capacidad de cumplir esos requisitos,  por mucho que lo intentaran?
¿Cómo esperan que quienes solicitan el financiamiento puedan contar con títulos de propiedad – los solicitantes incluyen habitantes de precarios- , estudios de arquitectos, viabilidad del proyecto (por factibilidad y financiamiento), con un representante legal con poder generalísimo sin límite de suma, prueba de que las cuotas de la caja están al día, entre otros, en un marco de tiempo de menos de un año? Muchos de los documentos solicitados tienen vigencia de 30 días o de algunos meses, provocando, en muchas ocasiones, que en el momento que se logra tener todos los documentos, muchos ya han vencido.

Por si fuera poco, me dispuse a ver la efectividad de estos programas sociales selectivos de todas las instituciones del país y el último dato que tengo disponible de duplicación de funciones (para el año 2005), es que el 50% de los programas coincidían en objetivos, población meta y bien o servicio.
Definitivamente deberíamos repensar la metodología para la asignación de estos recursos.  Los requisitos deben definirse de manera que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del programa, y adecuarse a la capacidad real de las personas a quienes va dirigido el programa.  Tal y como están definidos, los requisitos, lo que en el título llamé el laberinto burocrático, parecieran más bien tener el objetivo de que los solicitantes se pierdan en un sinfín de caminos sin salida, sin llegar jamás al punto de destino.


[1] No pueden satisfacer ni siquiera sus necesidades alimentarias.
[2] Para el año 2010, según datos de la CGR.
[3] Según liquidaciones presupuestarias de la CGR para el 2009.

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